Salvar las pensiones públicas


Salvar las pensiones públicas


Por Kike Gómez

Enfermedades, maternidades, desempleo, invalidez, vejez, muerte… todos nosotros, absolutamente todos, estamos inequívocamente predestinados (al menos por el momento), a padecer cada una de las situaciones anteriormente citadas.

En una sociedad como la nuestra mantener en vigencia las tres reglas básicas naturales, a saber: Nacer, reproducirse y morir –Es decir: Maternidad, trabajo y defunción-, acarrean una serie de gastos de los que afortunadamente en nuestro país, el Gobierno y la Seguridad Social, se hacen cargo. Pero ¿Hasta cuándo será así?

A partir del pacto de Toledo (1994) quedó establecido que nuestro modelo de pensiones –Bismarckiano, ya que fue el canciller alemán quién lo ideó-, tendría una doble financiación: Por una parte, la contribución procedente de los presupuestos del Estado (8,9%, actualmente) y por otra a partir del salario de los trabajadores, de sus cotizaciones sociales (88,1%, actualmente).

A nadie se le escapa que ahora, en periodo de crisis económica, los parados y con ello las prestaciones por desempleo y los gastos sociales, derivados de ello, por parte del Estado se han multiplicado. Con estas premisas es normal que nos preocupemos y nos hagamos la pregunta de «¿Hasta dónde podremos disfrutar de la seguridad económica que nos brinda el Estado –aunque no sea para tirar cohetes-»? sobre todo cuando, curiosamente, los principales causantes de la situación que vive la economía mundial y sus medios de comunicación nos bombardeen constantemente con la alarma de un agotamiento próximo de las arcas del Estado. En un informe de la FEDEA* de 2008, sobre trabajo e inmigración, afirma que: «El principal resultado de este estudio es que los inmigrantes nos han permitido ganar 7 años al momento en el que el sistema de Seguridad Social podría tener problemas de sostenibilidad¹».

Este informe basa su argumentación en que esos inmigrantes que han llegado a España a trabajar, han sido jóvenes que coinciden en la misma franja de edad de los jóvenes españoles en edad de trabajar; lo que constituye que los dos puntos de la población envejecerán paralelamente lo que supondrá que en el futuro ese gasto en las pensiones se sume a la envejecida población española.

Ese es el manido argumento, el factor demográfico, utilizado en prácticamente todos los diarios del país.

Algunos autores neoliberales como Taguas y Sáez pronostican alarmados que el gasto público de pensiones pasaría de ser el 7,7% del PIB en 2004 al 15% del PIB en 2060 (a pesar de que, por ejemplo, en Italia actualmente sea de un 14%).

Para hacer todos estos análisis, no se tienen en cuenta muchos otros factores importantes para calcular las rentas futuras; lo que demuestra que estos estudios están, al menos, equivocados.

Un dato importante a tener en cuenta es el de la productividad sobre el PIB: «Suponiendo que el crecimiento anual (En 2060) de la productividad es de un 1,5% -El banco mundial lo considera razonable- el valor del PIB español será de 2,23 veces mayor que en 2007. Esto quiere decir que si consideramos el valor de 2007 como 100, el del 2060 será de 223 […] hace cincuenta años España dedicaba a las pensiones sólo un 3%, hoy un 8%, y a pesar de ello, la sociedad tiene muchos más fondos ahora para gastar que hace cincuenta años²». Y todo esto sin tener en cuenta que en España el aumento de la productividad no ha venido acompañada de una subida equitativa de los salarios y la masa salarial, lo que indica que el fondo público podría ser aún mayor si existiese un control previo a favor de los empleados.

Como todos los trabajadores saben, una parte de su salario se descuenta previamente y nunca aparece en su cartilla de ingresos ya que directamente va a parar a ese fondo social del Estado. Ese dinero que se deduce, aporta unos intereses (Cotización) que se incluyen más tarde en el cobro de las prestaciones por desempleo o jubilación. Eso es lo que supone el gasto público y por ello los grandes empresarios pretenden que se reduzcan para así salvar la economía del Estado. «Cuando se propone reducir las cotizaciones sociales lo que se pretende en realidad es que bajen los salarios, puesto que el empresario no sube el salario directo del trabajador cuando baja esa cotización (salario indirecto)²».

Los alarmistas (Entre ellos Celestino Corbacho Ministro de Trabajo) hablan de la gran alternativa –Solidaria- que son los fondos de pensiones privados. Fondos de pensiones que no son tales, ya que son más parecidos a una hucha en la que cada trabajador puede ir depositando mes a mes la cantidad deseada, en el caso de que pueda hacerlo y con su sueldo, además de apartar una parte para ese fondo, puede pagar la hipoteca, el colegio, la universidad, la luz, etc. Esto es sólo un indicador de que este tipo de fondos, favorecerán únicamente a las rentas más altas. Los intereses serán más altos cuanto mayor sea el fondo y el periodo de acumulación. En este aspecto «Un trabajador joven que se adscribe a un plan de pensiones cuando tiene un sueldo pequeño o mediano, pero que logra reunir un capital importante que decide cobrar de golpe al jubilarse, podrá perder más dinero en impuestos del que se ahorró en su día³», esto podría suceder por el coste de las comisiones que estos planes de pensiones pagan a las entidades gestoras.

Con el dinero que cada persona guarda en el fondo privado de pensiones, la entidad puede funcionar como un banco y utilizar esos activos para generar más beneficios gracias a la especulación. Esta actividad comporta también un riesgo para los usuarios, ya que en caso de quiebra, nadie asegurará las perdidas económicas ni de la empresa ni de sus clientes.

Estas son sólo unas pinceladas que muestran que la solución de los grandes problemas para la viabilidad de las pensiones no pasa por la creación de los fondos privados de pensiones, ni por la reducción de la cotización a la Seguridad Social, tampoco por ampliar la edad de jubilación de los trabajadores como tampoco pasa por las subidas indiscriminadas de impuestos4. Para solucionar estos problemas «Es preciso avanzar en dos frentes complementarios: Uno, fortaleciendo la capacidad de generar actividad económica sostenible y verdaderamente orientada a satisfacer necesidades humanas que se traduzca en más empleo e ingresos más elevados y mejor distribuidos y Dos: logrando que el sistema de pensiones públicas pase a financiarse mediante la recaudación de los impuestos que proporcionará la primera vía y a reformas que incidan en la equidad fiscal y su lucha contra el fraude y la evasión fiscal²».

Otra medida, en la que debemos participar todos, es la de procurar que todos los logros sociales que se han logrado a través de la historia, no se mancillen impunemente ante nuestra pasividad.

*Fundación de Estudios de Economía Aplicada: En su patronato se pueden encontrar representantes de: Banco Sabadell, Caja Madrid, Banco Español de Crédito, Banco Santander, Corporación Financiera Alba, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, Banco de España, Bolsa de Madrid y Banco de Andalucía.

Notas:

¹.- «Efectos Económicos de la Inmigración en España», Septiembre/Diciembre 2008.

².- VV.AA «¿Están en Peligro las pensiones públicas?» Attac. 2010.

Se puede descargar gratis en: http://www.vnavarro.org/?p=4014

³.- Luís Matías López. «Pensiones de Fondo» Público. 20 de marzo de 2010.

4.- «La subida del IVA sigue en marcha pese a las críticas». Diario 20 minutos. 17/03/2010.

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