La burocracia desprotege a las mujeres victimas de violencia de género en Gran Canaria


Por: Kike Gómez

Varias oficinas de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Gran Canaria sufren para dar un buen servicio a causa, en este caso, del despropósito del cabildo de la isla; una muestra más de que en la política todo vale excepto preocuparse por los intereses de los ciudadanos.

Todavía no hay una explicación oficial del motivo por el que desde hace unas semanas, el Cabildo de Gran Canaria, que preside Bravo de Laguna, mantiene bloqueada la financiación a esta red de centros por unos flecos burocráticos.

La concejala socialista Isabel Guerra denuncia “desmantelamiento y cierre” de estos centros en Moya, Artenara, Valleseco, Santa Brígida y San Mateo gobernados por la “derecha”, además de la disminución de los profesionales que trabajan en estas oficinas en La Aldea, Gáldar, Guía, Tejeda, Agaete, Firgas, Telde y Arucas.

Lo extraño de todo es que solo se trata de una cuestión de plazos. Se supone que el Cabildo aprobará antes o después el convenio con los ayuntamientos, por eso extraña el cierre de los centros de Santa Brígida y San Mateo. “Sospechamos que hay un retraso intencionado”, apunta Dulce Quintana, trabajadora social de Gáldar.

Entre tanto las beneficiarias de estos servicios se enfrentan a cierres y cambios administrativos que les desorientan en su toma de conciencia como maltratadas, bajo riesgo de volver con su maltratador.

Dulce Quintana, advierte del peligro de estas prácticas. “En las oficinas diseñamos un plan individualizado y hacemos seguimiento. No siempre hay denuncia, y ahora muchas han vuelto a la situación de violencia [con su maltratador], porque han perdido ese sostén”. Lo corrobora Paqui González, de Ingenio. “Sabemos de mujeres que se han tenido que ir a vivir a otro municipio sin oficina y no han tenido acompañamiento”, explica.

“No son temas para abordar desde los servicios sociales generales, es algo mucho más especializado, al mismo nivel que la dependencia, los discapacitados y la drogadicción”, explica la trabajadora social de Gáldar al tiempo que afirma que “si no cuestionamos a las víctimas del terrorismo, tampoco habría que cuestionar a las víctimas de violencia de género”.

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